Los 12 individuos acusados por el Ministerio Público de participar en un esquema de corrupción desmantelado en la "Operación Gavilán", donde se les señala de alterar y manipular registros penales a cambio de sobornos, habrían beneficiado a más de 16 mil personas mediante estas alteraciones.
Según la procuradora fiscal Sourelly Jáquez, representante del Ministerio Público en este caso, las alteraciones abarcan a 16,958 individuos en lugar de los 8 mil previamente informados en la solicitud de medidas coercitivas por parte del acusador.
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"En lugar de las 8,000 y pico de personas que teníamos registradas con registros modificados o eliminados, estamos hablando de 16,958 personas que, según el análisis técnico, tuvieron sus antecedentes penales eliminados o modificados", afirmó la fiscal a la salida de la audiencia de medidas coercitivas el pasado lunes.
Las actividades ilícitas que los acusados, incluidos fiscales del Ministerio Público, se cree que llevaron a cabo consistían en alterar antecedentes penales relacionados con delitos graves como narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos y otros.
El proceso que los miembros de la Procuraduría seguían para realizar estas modificaciones era el siguiente: presentación de solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, negociación de precio, pago en efectivo o transferencia, eliminación de antecedente, verificación de eliminación, emisión de certificado de antecedentes penales limpios y, finalmente, "salida legal" para abandonar el país.
MEDIDAS COERCITIVAS
Ante estos acontecimientos, el Ministerio Público solicitó al juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, quien lleva el caso, que se declare la complejidad del mismo y que los imputados sean sujetos a 18 meses de prisión preventiva como medida coercitiva.
Hasta el momento, el acusador ha presentado su solicitud de medidas coercitivas. Cinco equipos de defensa han argumentado ante el tribunal y dos imputados han tenido la oportunidad de hacer su exposición, siendo uno de ellos Antony Ferrer Monegro, quien aceptó todas las acusaciones presentadas en el expediente.
"En esta etapa, dos de los imputados han declarado, incluyendo Antony Ferrer, miembro actual de la Policía Nacional, quien admitió todas las acusaciones presentadas por el Ministerio Público en su solicitud de medidas coercitivas... admitió todos los detalles sobre el funcionamiento de la red y también proporcionó información sobre otros imputados", indicó la fiscal.
De acuerdo con la fiscal, "la empresa Nexcom Technology, una empresa tecnológica, fue utilizada por los imputados y manejó más de 12 millones de pesos para llevar a cabo las alteraciones y manipulaciones. Esta empresa estaba vinculada al exmiembro de la Policía Nacional, Luis Alfredo Astacio Polanco, quien es uno de los imputados presentes en el caso".
Se espera que el proceso de solicitud de medidas coercitivas continúe el martes a partir de las 2:00 de la tarde, con la presentación de los argumentos restantes de los acusados en el caso y la respuesta correspondiente del acusador.
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