Entre el año 2022 y 2023, las autoridades han ejecutado arrestos contra más de cincuenta personas, a quienes señalan por su supuesta vinculación a estructuras de estafas electrónicas contra estadounidenses.
Las primeras detenciones se produjeron en abril del pasado año, en el marco de la Operación Discovery. El Ministerio Público logró que se dictara medida de coerción contra ocho líderes y 31 colaboradores de una estructura acusada de despojar de altas sumas de dinero y de identidades a ciudadanos de los Estados Unidos, utilizando terror psicológico y recreando historias falsas para materializar la estafa.
El Ministerio Público acusa a los imputados de extorsión para conducir a sus víctimas a un estado de desesperación y desequilibrio emocional, buscando así que se desprendieran de recursos económicos.
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La mafia fue desmantelada durante decenas de operativos simultáneos a nivel nacional. Esta operaba redes electrónicas y centros de llamadas para contactar y manipular a los afectados.
Este viernes, el Ministerio Público encabezó la Operación Discovery 2.0, con la cooperación del organismo Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la ciudad de Nueva York. Se realizaron más de 15 allanamientos simultáneos en las provincias Santiago y Puerto Plata, desarticulando otra estructurada red transnacional de cibercrimen que defraudó a cientos de ciudadanos estadounidenses a través de estafas, extorsión y robo de identidad.
En el operativo participaron más de 20 fiscales, 200 agentes de operaciones especiales, policía uniformada y del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, equipos de investigadores y técnicos de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la coordinación operativa de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Las acciones permitieron impactar tres centros de operación de la organización criminal, simulados como centros de llamadas o Call Centers, donde se arrestó a más de una veintena de personas. También se incautaron equipos electrónicos, incluyendo celulares y tablets, así como vehículos, dinero en efectivo y prendas. Además, se ocuparon varias armas de fuego.
Con la articulación de estas agencias de investigación, el Ministerio Público logró obtener evidencias que poseen la fuerza probatoria suficiente para demostrar que los detenidos comprometieron su responsabilidad penal en violación a delitos descritos y sancionados en varios artículos del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores, usurpación de identidad y estafa.
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