Inicialmente, el acceso al procedimiento había sido denegado, lo que llevó a demandas de acción rápida por parte de familiares y defensores de los derechos humanos para proteger la salud de la menor y asegurar justicia en su caso.
El Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) de Perú aprobó el aborto terapéutico para una niña de 11 años, víctima de violación por su padrastro en Iquitos (Loreto). La institución concluyó que la interrupción voluntaria del embarazo, en esta etapa de 22 semanas de gestación, preveniría un "grave o permanente" daño a su salud física y mental.
La autoridad médica inició el procedimiento necesario y sigue supervisando de cerca la evolución clínica de la paciente.
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La legislación peruana permite el aborto terapéutico en situaciones de riesgo para la vida o salud grave y permanente de la madre. Sin embargo, en el caso de esta niña, conocida como Mila para proteger su identidad, las autoridades locales de salud inicialmente se opusieron al procedimiento, a pesar de las exigencias de familiares y organizaciones.
La decisión inicial fue tomada el 4 de agosto por una junta médica del Hospital Regional de Loreto, argumentando que los casos de violación no estaban contemplados en el protocolo de aborto terapéutico. Esta postura fue cuestionada y rechazada por el Poder Judicial del Perú.
La jueza suprema, Janet Tello Gilardi, enfatizó que el riesgo para la vida de la niña de once años debido a complicaciones del embarazo, en un cuerpo aún no preparado para el parto, es significativamente alto.
La movilización por el caso de Mila condujo a demandas de celeridad en la aplicación del aborto terapéutico por parte de familiares, vecinos y organizaciones de derechos humanos. El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), representando a la niña, insistió en que el Estado cumpliera con su obligación de garantizar justicia y proteger la salud y vida de la menor.
El Ministerio de Salud del Perú tomó medidas y trasladó a la niña al INMP para brindarle atención especializada y proteger su salud. Tras una evaluación rigurosa, se le proporcionó atención integral. El INMP hizo un llamado a respetar la privacidad de la paciente para su bienestar futuro.
Se presume que Lucas Pezo Amaringo, padrastro de Mila, habría abusado sexualmente de ella durante al menos cuatro años. A pesar de las acusaciones, las autoridades no habían logrado capturarlo ni imponer sanciones penales.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó a la Corte Superior de Justicia de Loreto la detención inmediata de Amaringo, alegando que a pesar de la gravedad de las acusaciones, se encontraba en libertad con medidas restrictivas. Se señaló que la ley exige una actuación diligente del Poder Judicial en casos de violencia, considerando el interés superior de la niña y garantizando su acceso a la justicia.
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