La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la imposición de medidas de coerción contra la diputada oficialista Rosa Amalia Pilarte López, acusada de lavado de activos relacionados con el narcotráfico. Las medidas solicitadas son:
1. Presentación periódica.
2. Impedimento de salida del país.
3. Garantía económica en efectivo de 100 millones de pesos.
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El pedido de medidas de coerción fue presentado ante el juez de la Instrucción Especial de la SCJ, Estévez Lavandier, quien asumió el caso el 2 de agosto. Según el proceso, el juez tiene un plazo de 20 días a partir de esa fecha para fijar la audiencia.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) está encargada del proceso judicial contra Rosa Amalia Pilarte debido a su estatus de diputada de la República, lo que le otorga jurisdicción privilegiada.
Rosa Amalia Pilarte, miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y representante en La Vega (norte), ha sido identificada como parte de la red dirigida por su esposo, Miguel Arturo López Florencio (conocido como Micky López), acusado de liderar una organización criminal. Micky López se encuentra bajo medidas de coerción.
El Ministerio Público establece que la diputada Pilarte participó en la colocación en el mercado financiero de más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red dirigida por su esposo. No ha podido justificar cómo se integró esa suma de dinero a la economía dominicana.
La familia López Pilarte ha estado bajo investigación desde 2020, cuando la Fiscalía de La Vega los acusó de lavado de activos en relación con sus actividades.
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