Basándonos en los hallazgos presentados por N Investiga, Santana Barber Shop ha sido objeto de atención y especialistas coinciden en que la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas debería iniciar una investigación.
La abogada y activista feminista Yildalina Tatem Brache destacó que en este negocio se evidencia un servicio que no es coordinado por las mujeres que trabajan allí, sino por una persona ajena. Esta situación da la apariencia de prostitución, y dada la falta de libertad en su ejercicio, se sospecha que hay indicios claros de proxenetismo.
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La abogada Laura Acosta aclaró que la prostitución en sí no está prohibida, pero sí lo está el hecho de que un tercero obtenga beneficios económicos por la prostitución de otra persona.
Respecto a los videos donde se ve a las mujeres bailar en Santana Barber Shop, Tatem Brache señaló que la aparente felicidad mostrada puede ser parte de un personaje construido y actuado, que no necesariamente refleja libertad y espontaneidad, sino que sugiere la posibilidad de coacción y obligación.
En cuanto al proxenetismo, las especialistas indicaron que la habilitación de un espacio para ofrecer servicios sexuales y el cobro de comisiones son suficientes para configurar el delito.
Según el Código Penal, el artículo 334 define al proxeneta como aquella persona que ayude, asista o encubra a personas para la prostitución o reclutamiento con fines de explotación sexual, y también a quien reciba beneficios de la prostitución o contrate, entrene o mantenga a una persona para estos fines, incluso con su consentimiento y si es mayor de edad.
En una interacción pública en Instagram, Edwin Javier Santana revela cómo atrajo a una de las jóvenes, mencionando que el padre de la joven se interesó al ver que ella podía ganar dinero, lo que la llevó a unirse a un grupo aparte. Santana también menciona haber encontrado a la joven borracha debajo de un colmado y hablarle sobre trabajo.
La práctica de proxenetismo se castiga con penas de prisión, que van desde seis meses a tres años y de dos a diez años, según la gravedad de la situación.
Laura Acosta destaca la existencia de una ley especial, la 137-03, sobre trata de personas, que engloba acciones como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante amenazas, fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situaciones de vulnerabilidad. Esta ley busca proteger a las personas vulnerables y castigar a quienes se involucren en prácticas de trata de personas.
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