La defensa de Elizabeth Silverio intimó hoy mediante acto alguacil a la jueza de instrucción Fátima Veloz, para que le entregue cuanto antes la resolución que le impone a su cliente tres meses de prisión preventiva ante la investigación que realiza el Ministerio Público por supuestamente ejercer la medicina de manera ilegal.
Candido Simó, quien forma parte del consejo de defensa de Silverio, explicó que se trata de una intimación de pronto despacho, a los fines de que la jueza Veloz entregue cuanto antes la resolución mediante la cual le impuso la medida de coerción a su cliente.
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Dijo que dicha jueza no ha querido entregar la resolución de medida de coerción, para sus abogados accionar contra la misma conforme fuere de derecho.
“Desde el pasado lunes hemos realizado ingentes esfuerzos porque la magistrada nos entregue la resolución que cinco días después y a pesar de la sabida situación de salud de esta señora no hemos podido accionar contra esa irrazonable, absurda y populista prisión porque la jueza que la dispuso aún no permite acceder a los documentos ni ha motivado la resolución”, sostuvo Simó.
Precisó que, en tanto, la señora Silverio sigue siendo zarandeada de cárcel en cárcel y hospitalizada por su delicado estado de salud, mientras el director de Prisiones, sutilmente llamado "Servicios" Penitenciarios, insensible lo minimiza como una simple deshidratación.
“También le estamos notificando la petición de pronto despacho a la juez coordinadora de los Juzgados de la Instrucción y a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación para que estos, a la mayor brevedad, interpongan de sus buenos oficios para vencer la inexplicable inercia judicial”, declaró Simó.
Manifestó que, en tanto, Silverio permanece esposada en la camilla del centro de salud donde se encuentra interna por instrucciones de la Dirección de Prisiones, sutilmente llamado "Servicios" Penitenciarios, cuyo titular anda por ahí difundiendo partes médicos para minimizarla como una simple deshidratación.
A Elizabeth Silverio Silien, quien dirigía y ejercía como especialista en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, donde se atendían niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA), se le atribuye, entre otros, la violación del artículo 405 del Código Penal Dominicano y el artículo 62 de la Ley General de Educación No. 66-97.
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