La Fiscalía de Santiago ha solicitado a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la prisión preventiva como medida de coerción contra un exempleado del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), acusado del robo de más de 2,9 millones de pesos mediante el consumo de combustibles.
Según el Ministerio Público, el robo se llevó a cabo a través del uso de una tarjeta electrónica suministrada al empleado para realizar las tareas encomendadas por la institución.
Los hechos que se le imputan al acusado Fredely Rafael Almonte Abreu, descritos en la solicitud de medida, indican que se le suministró una tarjeta de combustible en su calidad de soporte y asistente técnico de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) del Inaipi, para realizar traslados a diferentes centros del Cibao, utilizando una tarjeta de combustible con un balance mensual de $3,600.
El acusado, para sustraer los fondos suministrados, dejaba la tarjeta de consumo en poder de un operador de la estación de combustible para que la pasara a lo largo del día y le entregara el efectivo, según un comunicado de prensa de la Procuraduría General de la República (PGR).
Además, se presentaba en la estación de combustibles con diferentes personas a las cuales abastecía de combustibles utilizando la tarjeta.
La Fiscalía tiene en su poder informes que evidencian que el acusado se presentaba en la estación de combustible a bordo de un vehículo marca Chevrolet, modelo Equinox, que no pertenecía a la flotilla vehicular del Inaipi, con el cual sustrajo un monto de 2,9 millones de pesos.
El Departamento de Investigaciones de Crímenes de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional levantó imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de combustibles donde se observa al acusado en sus actos fraudulentos.
El acusado enfrenta cargos por violación prevista y sancionada en los artículos 379, 386-3, del Código Penal Dominicano y el artículo 13 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que castiga el robo agravado con uso de alta tecnología en perjuicio del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
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