En relación al caso Calamar, la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, ha ordenado que Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, cumpla arresto domiciliario y pague una garantía económica de 20 millones de pesos como medida coercitiva.
Los abogados de Castillo habían alegado que su defendido había presentado pruebas que lo exoneran de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público. Una de estas pruebas es que un chofer de Mimilo Jiménez alegó haber entregado una gran cantidad de dinero a Castillo en una camioneta F150 en un parqueo soterrado, pero la defensa presentó un video que demostraba que ese tipo de vehículo no puede entrar a ese lugar.
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Además, la abogada Laura Acosta afirmó que Castillo ingresó al Estado dominicano con deudas de 40 millones de dólares y salió debiendo más de 5 mil millones de pesos, lo que desacredita la teoría del enriquecimiento ilícito. La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los implicados y que el caso se declarara complejo, pero tras llegar a acuerdos con 11 de los imputados, estos han sido requeridos a pagar una garantía económica y cumplir arresto domiciliario.
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