El abogado Ángel Lockward ha sido ordenado a pagar una garantía económica de 7 millones de pesos y presentarse periódicamente, debido a su supuesta implicación en la "red de corrupción" desmantelada en la Operación Calamar. La solicitud fue realizada por el Ministerio Público después de que Lockward colaborara con la investigación, a cambio de evitar la prisión preventiva, que ha sido impuesta en varios casos en los que ha estado involucrado.
Lockward, quien ha ocupado varias posiciones públicas, incluyendo ministro de Industria y Comercio y embajador de Colombia, ha estado envuelto en escándalos de corrupción que han conmocionado a la sociedad desde 1984, cuando fue acusado de aprovechar su posición en la Universidad CETEC para vender títulos universitarios.
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En el año 2000, después de ser nombrado ministro de Industria y Comercio por el entonces presidente Hipólito Mejía, Lockward se vio obligado a renunciar debido a un escándalo de fraude relacionado con el subsidio del Gas Licuado de Petróleo (Bono Gas), que involucró alrededor de 200 millones de pesos.
Durante el segundo mandato del ex presidente Leonel Fernández, en 2007, el Departamento de Prevención de la Corrupción (ahora conocido como PEPCA) acusó a Lockward de liderar una red de 37 personas que vendían cupones para el subsidio al GLP en el gobierno de Mejía.
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