El expresidente peruano Pedro Castillo, quien ya se encuentra en prisión por un intento fallido de golpe de Estado, ha sido sentenciado a 3 años de prisión preventiva por el juez supremo peruano Juan Carlos Checkley. Castillo está siendo investigado por un caso de corrupción relacionado con la presión ejercida para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.
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El juez explicó que la medida de prisión preventiva era "idónea" debido a que el caso reviste una alta peligrosidad y que el exmandatario ha incurrido en obstaculización de la Justicia mediante el amedrentamiento de testigos, incluso llegando a intimidar a la misma fiscal general, Patricia Benavides. Castillo enfrenta una probable pena de 32 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Además, el juez citó el presunto pago de dos millones de soles que la empresaria Karelim López habría entregado a Castillo, a través de sus asesores en Palacio de Gobierno, para ser favorecida con una adjudicación de obras públicas. Checkley afirmó que Castillo tuvo una participación clave en estas "conductas ilícitas".
Respecto al peligro de fuga y arraigo de Castillo, el juez supremo precisó que la detención del expresidente en diciembre pasado se produjo "cuando pretendía asilarse en la embajada de México", lo cual fue corroborado por las declaraciones públicas del embajador en Lima y del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. La esposa y los dos hijos menores de Castillo fueron recibidos por López Obrador y asilados por ese país horas después del fallido golpe de Estado.
El magistrado también recordó que Castillo no tiene domicilio real actual y que no se puede considerar al penal de Barbadillo, donde está recluido desde diciembre, como su domicilio actual, como pidió su abogado.
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