El exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, está siendo investigado en relación a la Operación Calamar y se le acusa de asociación de malhechores y coalición de funcionarios. Además, se le vincula con la recepción de dinero ilegal por parte del empresario Ramón Emilio Jiménez Collie, conocido como Mimilo Jiménez, para financiar su campaña presidencial en las elecciones del 2020.
No se sabe con certeza la cantidad de dinero que Mimilo Jiménez aportó a la campaña de Castillo, pero recibir financiamiento ilegal es una violación de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Esta ley establece que aquellos que reciben financiamiento ilegal pueden enfrentar una pena de seis meses a un año de prisión y una multa de hasta 200 salarios mínimos.
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El Artículo 76 de esta ley establece que, en caso de recibir financiamiento ilegal, los candidatos, partidos, agrupaciones y movimientos políticos y personas físicas o jurídicas responsables serán condenados al pago de una multa del doble de la contribución ilícitamente aceptada. Además, el inciso 7 de este artículo establece que cualquier funcionario o empleado del Estado que incurra en violación al párrafo del artículo 25 de esta ley será condenado a una multa de cincuenta a cien salarios mínimos vigentes en el sector público, prisión de seis meses a un año e inhabilitación para ser candidato a posiciones de elección popular en los dos períodos electorales siguientes a la condena de lo irrevocablemente juzgado.
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